La necesidad de una transferencia de competencias del poder central a las regiones todavía sigue pendiente en el país, aunque hace 15 años dio uno de los pasos más importantes con la Ley de Participación Popular.

En una geografía como la de Bolivia parece una tarea imposible proponerse aplicar el centralismo, pero los diferentes gobiernos que tuvo la República lo han logrado a costa de debilitar el Estado y resentir la unidad nacional.

Un día como hoy, hace ya 15 años, se puso en vigencia la Ley 1551, de Participación Popular. Se trató de un hecho histórico que bien merece ser recordado, pues el tiempo desde entonces transcurrido da suficientes elementos de juicio para valorar en su justa dimensión lo mucho que significó esa medida en la historia contemporánea de nuestro país. Fue la base de una serie de reformas en la estructura económica, política y social de Bolivia, la mayor parte de las cuales no fueron, y aún hoy no son, suficientemente valoradas.

Los di­fe­ren­tes re­gí­me­nes po­lí­ti­cos, se­gún cuál sea su na­tu­ra­le­za, se eri­gen so­bre pi­la­res tam­bién di­fe­ren­tes. La li­ber­tad, la in­de­pen­den­cia de po­de­res, la igual­dad de la ciu­da­da­nía son al­gu­nos de los que sos­tie­nen a los re­gí­me­nes re­pu­bli­ca­nos. Los to­ta­li­ta­rios, en cam­bio, re­quie­ren otros fun­da­men­tos. En­tre ellos, hay uno prin­ci­pal: el mie­do.