La verdad es que viéndola desde lo alto, la política de inmigración de los Estados Unidos se baña en un mar de hipocresía. 

Por más de un siglo, los norteamericanos han declamado orgullosos las estrofas del elocuente soneto de Emma Lazarus, grabado a los pies de la Estatua de la Libertad que dice, “dame tus agobiados, tus pobres, tus agazapadas masas que añoran respirar libres, [dame a] los infelices deshechos de tu abundante costa...”. Y mal que bien, por mucho tiempo los gringos han abierto sus puertas a millones de inmigrantes, aunque entre 1920 y 1965, solamente europeos—y en particular los del norte de Europa—eran bienvenidos.

Los políticos de Arizona que aprobaron la SB1070—cuya actitud anti-Latina, que de acuerdo a varios sondeos nacionales, refleja el sentimiento de 60 por ciento de los norteamericanos—arguyen que Arizona y el resto de la nación, no puede continuar subsidiando los costos que representan los inmigrantes ilegales. Se quejan, por ejemplo, de los costos de educar, alimentar, curar y remendar a ilegales y sus familias. Los acusan de quitar trabajos a ciudadanos Americanos y de ser causantes del alza del crimen en Arizona y en otros estados de la Union; dicen, además, que los ilegales tienden a reducir los salarios. Y de yapa los acusan de dañar el medio ambiente al cruzar las fronteras de Estados Unidos. Estas serían imposiciones serias en el mejor de los tiempos; en las presentes condiciones, cuando las economías del estado y la nación están pasando por momentos difíciles, tales costos, dicen, son intolerables. 

Descartado en tan apasionado argumento está el enorme y singular esfuerzo que cada día hacen los inmigrantes para llevar el pan a su casa y por el que reciben una mínima remuneración que está al borde de la criminalidad. ¿Quienes techan casas en ese horno que es Phoenix en el verano donde las temperaturas suelen subir a 44 grados centígrados? ¿Quiénes se rompen las espaldas seis días de la semana recogiendo lechugas, hortalizas y rábanos del suelo? ¿Quiénes trabajan en los mataderos en condiciones infrahumanas? ¿Quiénes tienden diariamente las camas y lavan los inodoros en los hoteles? ¿Quiénes son las pacientes niñeras de los gringuitos? Todo eso lo hacen los Latinos por salarios magros, sin beneficios y ni siquiera un “gracias”.

Si realmente los Latinos no contribuyen mucho a la economía de los Estados Unidos—lo cual es discutible ya que como trabajadores y consumidores también pagan impuestos—es, en parte, porque sus bajos salarios no se lo permite.

Y si realmente la mayoría de los gringos está cansada de esa carga financiera que representan los Latinos, pues entonces deberían echar a esos 11 millones de ilegales. Sus sistemas policial y de inteligencia son los más sofisticados del mundo y acorralar Latinos y embarcarlos en un tren en marcha hacia el sur no queda fuera de sus capacidades. ¿Si realmente los latinos representan tan pesada carga a la nación, ¿por qué el Congreso no pasa una ley ordenando su destierro? Después de todo, el gobierno norteamericano tiene experiencia en estas cosas. En 1954, por quejas similares a las de hoy, el Presidente Dwight Eisenhower ordenó al Servicio de Inmigración iniciar la Operation Wetback—así, Wetback, sin asco—que consistió en una serie de redadas a vecindarios latinos, especialmente en ciudades de estados del suroeste y oeste, demandando sus documentos y apresando a todo infeliz que parecía ser mexicano. Nada más ni nada menos que lo que está pasando hoy en Arizona. Aquellas redadas tuvieron gran éxito, logrando la repatriación de miles de mexicanos. Pero como era de esperar, muchos de los repatriados resultaron ser ciudadanos norteamericanos cuyo forzado destierro violaba la Constitución. Ese agravio constitucional fue tratado por el “Faro de la Democracia” como un pequeño costo que debía aceptarse en aras de la economía y de la tranquilidad social de la región. Una década antes, durante la Gran Depresión, el Presidente Franklin Roosevelt ordenó la operación “Mexican Repatriation” que también fue exitosa y que también fue otro escupitajo al ojo de la Dama de la Libertad. Y una década antes de la Depresión, Mitchell Palmer, Fiscal General de Woodrow Wilson, repatrió a miles de judíos, rusos, y polacos acusados de pertenecer al partido comunista. Como dice un famoso abogado gringo: “En los Estados Unidos las leyes que protegen los derechos del individuo son como los lindos sillones de jardín; lucen esplendorosos en la intemperie, mientras los abriga el sol; pero son rápidamente relegados al sótano cuando amenaza llover”.

¿Por qué no expide el Congreso una nueva ley que inicie una “Operation Spick”? Considerando la amplia y palpable hostilidad de los norteamericanos contra el latino, la aprobación por mayoría de los congresistas de una “Operation Spick” debiera ser tan fácil y rápida como untar mantequilla caliente en el pan. Pero no es así; no lo es principalmente porque la Cámara de Comercio Norteamericana se opone. Y esta Camara, que representa a los grandes oligopolios norteamericanos, se opone porque los latinos representan para muchas empresas una amplia fuente de trabajadores dóciles, baratos y fáciles de explotar. Algunos políticos, demócratas y republicanos, también se oponen a expulsar latinos porque necesitan sus votos en las próximas elecciones de noviembre. Pero pedir al Congreso que legalice a los ilegales, lo que seria lo lógico, práctico y moral, es pedir camisa a Tarzán. Lamentablemente, los ilegales están atrapados en un callejón no tiene ni entrada ni salida.

Pero las aguas de esta hipocresía también salpican a los latinos. Varios países  latinoamericanos (México, Bolivia, Colombia, El Salvador, Nicaragua, Paraguay y Perú), se han solidarizado con los latinos ilegales llegando al extremo de afirmar un insólito amicus curiae contra la SB1070. Obviamente, semejante audacia de parte de países que tienen intereses creados (remesas de dólares y exportar su propio desempleo, por mencionar solamente un par) ha causado hipo a los rabiosos de la extrema derecha racista norteamericana y desconcierto a los mas o menos sanos mentalmente del centro. Y no es para menos. ¿No tiene un país el derecho de defender sus fronteras y de establecer quién entra y quién no? ¿No tienen los amicus curiaes la obligación fundamental de proveer a sus pueblos con empleos?