Mientras nos enteramos de los éxitos de  países como Brasil, Chile o Perú, que tomaron el tren del desarrollo, en base a buen gobierno, manejo responsable de la economía, efectivos programas de reducción de pobreza, atracción de inversiones, estabilidad, seguridad jurídica, pluralismo y democracia plena, en Bolivia  abordamos el tren del primitivismo.  Pronto la distancia entre nuestro país y los vecinos será abismal.  El empeño gubernamental para regresar a la edad de piedra está dando resultados antes de lo previsto.

Un nuevo ejemplo, y tal vez el más sintomático del derrumbe institucional y moral del país, es la actitud de las comunidades territoriales que, al  amparo de una nueva Constitución y el apoyo gubernamental, han tomado bajo su control la administración de justicia penal y el uso de la fuerza para hacer cumplir sus decisiones. Los llamados “Ayllus  linchadores” plantean hoy que su territorio es  libre, libre para el trafico de autos y droga, que es su principal sustento. Estas decisiones son, según  declaran los propios dirigentes de las comunidades, han sido refrendadas por cabildos populares, que permiten aplicar la tortura y la pena de muerte.

Estos signos de retorno al mundo primitivo, donde la tribu  toma  la justicia por su mano, son el mejor indicador de cómo viene la mano en Bolivia y hacia donde nos dirigimos. Y cuando los agentes del gobierno  o los fiscales, tratan de justificar estos crímenes aberrantes, como los sucedidos en Uncía, olvidan que es mejor  parecer un idiota con la boca cerrada, que abrir la boca y disipar toda duda al respecto.  El argumento de que los linchamientos se deben a la ineficiente y corrupta  justicia estatal que las clases dominantes  implantaron y  copiaron del mundo occidental, no tiene sustento, pues hace tiempo que  el populismo ha implantado sus propias leyes y no sólo no ha solucionado el problema del acceso a la justicia,  sino que lo ha agravado con disposiciones constitucionales  que allanan el camino a la barbarie.  El aumento del número de linchamientos  es conocido en todo el mundo, como también las declaraciones de apoyo a la justicia comunitaria por parte de las autoridades del país.

La actual administración recibió el país en el mejor ciclo económico de su historia, con la segunda reserva de gas de Latinoamérica; con los precios de minerales y materias primas superando el record histórico;  las exportaciones creciendo a gran velocidad;  en las puertas de  ser incluidos en  el programa de la Cuenta del Milenio de (Estados Unidos), con 600 millones de dólares para proyectos de infraestructura que integrarían Beni y Pando con La Paz, proyectando esa región al Pacífico, con miles de empleos y oportunidades para los jóvenes del país;  con  opciones de abrir los mercados más grandes del mundo a nuestros productos; con exportaciones de gas a Brasil y Argentina que  aseguraban ingresos sostenibles para financiar programas de Educación y Salud y generación de empleos, promoviendo  una sociedad de oportunidades y bienestar para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

En esas condiciones, el Presidente Morales tenía todas las condiciones para unir  el país, cuya mayoría de ciudadanos,  indígenas y no indígenas habían votado por él en las elecciones.  Pero, sólo mirando al pasado es imposible avanzar   y sólo buscando venganza es imposible construir un país. Bolivia no necesita líderes fuertes, necesita instituciones fuertes.