La necesidad de una transferencia de competencias del poder central a las regiones todavía sigue pendiente en el país, aunque hace 15 años dio uno de los pasos más importantes con la Ley de Participación Popular.

En una geografía como la de Bolivia parece una tarea imposible proponerse aplicar el centralismo, pero los diferentes gobiernos que tuvo la República lo han logrado a costa de debilitar el Estado y resentir la unidad nacional.

El avance fue muy grande, si se considera que en este momento, según recuerda el experto Carlos Hugo Molina, hay países centroamericanos que están pugnando por avanzar hacia la descentralización poniéndose como meta porcentajes muy inferiores al 20%, e incluso inferiores a 10% de los presupuestos.

El 15 años de vigencia, la aplicación de la ley tuvo claroscuros y entre sus virtudes está el hecho de que se municipalizó el país. La participación popular fue el primer ejercicio de conferir autonomía política, económica y administrativa a instancias cercanas a la gente, pese a que muchos advertían que Bolivia se balcanizaría; también fue la primera ley que reconoció los usos y costumbres y autoridades originarias de las comunidades campesinas e indígenas.

Además, se incluyó en espacios de poder público a actores que no podían acceder a éstos. La medida quinceañera abrió ese escenario como nunca: de 1.600 concejales que se eligieron, 600 eran campesinos indígenas (entendidos éstos como gente que vive en comunidades rurales).

De hecho, esto permitió que el MAS se empodere en los gobiernos locales. Empezando en el Chapare, los militantes del MAS son capacitados para que se incorporen a los gobiernos municipales; para muestra dos casos: el actual presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo, y el viceministro de Lucha contra el Narcotráfico, Felipe Cáceres, hicieron sus primeros pasos en el poder local.

Pero también hay que advertir algunos aspectos negativos, como el hecho de que se puso demasiado énfasis en la diferencia (multiculturalismo) antes que en la posibilidad de construir juntos un espacio común, a pesar de las diferencias (interculturalismo, lo que ha llevado —y ahora mucho más con la nueva Constitución— a una inflación de municipios.

También se cargó tintas en los derechos antes que las obligaciones, cosa que machaconamente reitera la Constitución, cuyo texto contempla cinco capítulos, 92 artículos y 204 incisos de derechos contra un artículo y 16 incisos de deberes. Esto lleva a que la gente sólo exija y no cumpla.

Y como tarea pendiente está la materialización del concepto de municipio productivo, es decir que el desarrollo económico se impulse desde el poder local.

Quince años ha durado uno de los aportes bolivianos más reconocidos en el ámbito internacional a la causa común por la descentralización. Sería una pena que, debido a urgencias del momento, termine dañado ese gran avance que daba a los bolivianos un motivo de orgullo.