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 Es indudable que la crisis financiera mundial ya está haciendo mella en nuestra economía. A diferencia de nuestros vecinos, donde sus gobernantes se han inclinado por medidas liberales y prudentes para reducir el impacto de la crisis en sus economías, permitiendo que los agentes económicos actúen sobre bases previsibles y sólidas, en Bolivia nuestras autoridades no solamente no han dado señales de confianza con medidas concretas para paliar sus efectos, sino que insisten en recurrir al discurso de un supuesto “blindaje” que nos haría invulnerables a los embates de esta pandemia.
Es cierto que cada país debe aplicar una receta propia para hacer frente a la crisis, haciendo un riguroso diagnóstico de sus efectos, considerando el grado de exposición al contagio global, por razones que van desde su nivel de apertura e inserción en los mercados globales, la madurez de su mercado de capitales y el tipo de leyes que lo regulan, las reservas financieras acumuladas, en qué bienes y servicios se especializa y/o tiene ventajas comparativas, su posición geográfica, etc. Empero, nadie puede escapar a la necesidad de aplicar medidas concretas, para reducir efectos indeseables y salir más rápido de esa crisis.
En el caso de Bolivia, la crisis global la afecta directamente, pues con una economía abierta y sumamente dependiente de las exportaciones de bienes primarios, ve cómo el valor y volumen de esas exportaciones se contraen seriamente, reduciendo el ingreso de divisas, frenando al aparato productivo y ocasionando mayores niveles de desempleo. No es descabellado pensar que el valor de nuestras exportaciones este 2009 se desplome en más de 40% respecto a la gestión anterior.
Si a ello se suma la previsible caída de las remesas, que en los últimos cuatro años se convirtieron en motores fundamentales para la expansión de la demanda agregada y el ahorro interno, el panorama económico para este año y, más aún para el 2010, se presenta muy sombrío.
Empero, por ahora las cosas no parecen tan graves, pues el desmesurado gasto gubernamental (que no va a la inversión, precisamente) inyecta liquidez a la economía y el colchón de las reservas internacionales netas parece hacer frente al embate de demanda de dólares por parte de la población, que sabiamente comienza a tomar decisiones de resguardo comprando moneda fuerte. Según datos del Banco Central, luego de más de dos años de prácticamente nula demanda, a partir de septiembre del año pasado., esta entidad ha vendido más de 1,200 millones de dólares de nuestras reservas en el mercado interno.
Asimismo, el hecho de que nuestros vecinos hayan depreciado fuertemente sus monedas respecto al dólar, mientras las autoridades monetarias bolivianas mantienen “anclado” al boliviano, permite a importadores legales e ilegales inundar los mercados del país con productos importados cada vez más baratos para el bolsillo del comprador nacional, que prefiere estos a los nacionales, comparativamente más caros (además no olvidemos otro efecto perverso de esta política: estas importaciones se constituyen en fuga de divisas).
Entonces, si la población se refugia en el dólar, los desempleados aumentan, caen las remesas y los productos importados compiten ventajosamente en precios con los nacionales, el efecto obvio es una caída sostenida en los precios, o sea, nos acercamos a una deflación.
En una primera etapa, la caída de precios es beneficiosa para la población, pues aumenta su capacidad de compra, con menos dinero adquiere más bienes y servicios. Empero, esta situación es insostenible, pues a más del efecto sicológico de esta caída sostenida (si veo caer los precios, postergo mi decisión de compra hasta que caigan más, frenando el saludable ciclo de circulación del dinero), al no sustentarse esta caída en el incremento de la oferta interna de bienes y servicios, sus consecuencias son una mayor salida de divisas y más desempleo interno, pasando la economía del estancamiento al decrecimiento.
La deflación no sólo desestimula la producción interna de bienes y servicios, sino que ralentiza el comercio, que se fagocita a sí mismo; pues cuando las divisas se agotan y la presión sobre la moneda local se hace insostenible, con sus consecuencias de devaluación y reducción de capacidad de compra de los ciudadanos, el fantasma del desabastecimiento y el ocultamiento de productos de consumo básicos se vuelve realidad.
Sólo una impostergable decisión gubernamental de romper el anclaje de nuestra moneda, acelerar la inversión pública y facilitar las exportaciones nacionales de bienes y servicios (con incentivos que la hagan más competitiva en un escenario de contracción de la demanda mundial), a la vez que tendrán impacto positivo en el empleo y en el fortalecimiento de la demanda agregada, revirtiendo el procesos deflacionario, será una señal de confianza para los agentes económicos privados, quienes se animarán a invertir o gastar los recursos ahorrados en moneda fuerte, recalentando la economía y recuperando un saludable ciclo de crecimiento sostenible.
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